Objetivo Programático

Fortalecer procesos de organización y acción de carácter autónomo basados en la construcción de consensos sociales para transformar los conflictos y las situaciones de exclusión

Justicia

Las múltiples violaciones de los derechos humanos expresadas en las situaciones de inequidad social, aumento de criminalidad y violencia estructural y directa nos conducen a la búsqueda de una solución que lleve a la transformación de las estructuras que los reproducen. Para contribuir a ello partimos del reconocimiento y la construcción de la justicia como un bien, como un valor, a través del cual se reclama la dignidad humana, y no solamente como un servicio para administrar los conflictos. Esta será la perspectiva que adoptaremos en nuestro trabajo.

Conflicto

Los conflictos y las diferentes maneras de concebir el cosmos son la condición de existencia de la vida y del movimiento del mundo.

En lo social, las personas, las familias, las comunidades y organizaciones, al manifestar sus intereses y necesidades en las condiciones históricas particulares de cada sociedad, modifican o reafirman las prácticas culturales y sus relaciones sociales y políticas. En este sentido, los conflictos siempre van a existir, porque todos y todas somos diferentes y esta diversidad provoca tensiones que buscan en su desenlace una transformación, por lo que es impensable imaginar una sociedad exenta de conflictos.

Socialmente el conflicto es concebido de una manera negativa, se le define como un problema que es necesario eliminar, pero el conflicto o los conflictos no son positivos o negativos, su carácter es neutro, lo que entra a definir lo constructivo o destructivo en una situación de conflicto es la forma como las personas, grupos y organizaciones los asumimos.

Valernos de ellos para ser cada vez más propositivos y encontrar alternativas creativas que garanticen el bienestar de las personas, aprendiendo a tratarlos de manera constructiva, es nuestro punto de partida, porque de esta manera se desarrollan y provocan cambios en las dimensiones personales, relacionales, estructurales y culturales. El conflicto social no se resuelve o elimina, se transforma.

Cuando los conflictos se desencadenan, orientan y movilizan desde estructuras culturales, sociales, económicas y/o políticas que generan y perpetúan particulares formas de interacción social (pobreza, inequidad, exclusión, violencia, etc.), que impiden la realización de las potencialidades humanas individuales y colectivas, hablamos de conflictos estructurales que, en su esencia, y como mecanismo de perpetuación, conllevan a manifestaciones de violencia igualmente estructural, es habitualmente la violencia de "los buenos" de "los de guante blanco". Se trata de una violencia doblemente dañina:
1. porque está más oculta y muchas veces no es reconocida como tal y
2. porque está en la raíz y es la causa de la mayor parte de las violencias directas que se desenvuelven en la sociedad.
En una violencia que mata a millones de personas cada año de hambre, de enfermedades curables, de miseria, … y aquellas personas a las que no las mata las mantiene en una situación de indignidad humana.

En la medida en que un Estado limita las posibilidades de expresión democrática y el horizonte de un desarrollo humano en equidad, el conflicto tiende a manifestaciones no constructivas, es decir, violentas. Por ello, diferenciamos entre situaciones de conflicto y manifestaciones de violencia (estructural o directa), éstas últimas son mecanismos o formas de hacer frente a (las propuestas y exigencias de transformación social planteadas desde las poblaciones excluidas) los conflictos tanto estructurales como cotidianos, los cuales sin duda están interconectados.

Donde la dinámica comunitaria propicia los espacios de diálogo, concertación, construcción de consensos el conflicto tiene mayores posibilidades de transformarse constructivamente. Por tanto, si logramos que las comunidades transformen sus conflictos internos, éstas elevarán su nivel organizativo y estarán en condiciones de trabajar colectivamente por la construcción de una sociedad justa.

Un acercamiento a nuestra realidad social desde cuatro categorías

El Estado Colombiano: un sujeto privado

En Colombia no se ha configurado el Estado - Nación, es decir, no hay un reconocimiento por parte de los pobladores de la legitimidad del Estado, en tanto ha presentado, históricamente, una incapacidad de regular la vida social, política y económica, dado que ha respondido más a los intereses de los gremios económicos (terratenientes, industriales), y de los sectores políticos internos asociados alrededor del bipartidismo (liberal y conservador). Este rasgo ha sido implementado desde las políticas lideradas por organismos multilaterales como la Organización Mundial de Comercio OMC, el Banco Mundial y el FMI que, finalmente, diseñan e imponen las políticas neoliberales.

Expresión de las políticas excluyentes del Estado Colombiano son las condiciones de desigualdad e inequidad en la que han sido ubicados la mayoría de los sectores de la población colombiana. Las cifras en las que se taza la desigualdad se hacen públicas, incluso por el mismo estado colombiano, por lo cual, no existe la pretensión última de ocultar la desigualdad, sino la de orientar lecturas de la realidad que generen acciones atrapadas en la órbita de un asistencialismo que perpetúe el juego rentable de las desigualdades.

En este sentido, elementos propios de los Estados modernos como la tendencia al monopolio del uso de la fuerza, la administración de justicia o la capacidad de recaudar impuestos y distribuir bienes y servicios, han obedecido a la lógica privada en la que se ha constituido el Estado.

Conflictividad y Justicia

Ni en el pasado, y mucho menos en el presente con un marco de la des-regularización del Estado, el tratamiento de los diversos conflictos ha sido monopolio del Estado y de los jueces adscritos a la administración de justicia. Se puede decir, sin temor de equivocarse, que sólo uno de cada cien conflictos acude al juez y los demás tienen otros espacios y mecanismos de tratamiento, no siempre pacíficos. La impunidad, del orden del 97%, demuestra la crisis de nuestro sistema judicial para dar trámite oportuno y adecuado a los litigios sometidos a su consideración, situación que crea escepticismo frente a una administración judicial como reguladora y tramitadora de los diferentes conflictos de una sociedad, que convierte a los colombianos en personas que no creen en el valor fundamental de la justicia pública. Escepticismo e incredulidad que se traduce en la tendencia entre los asociados de resolver por su mano y muchas veces de manera violenta, sus propios asuntos.

Esta situación plantea la necesidad de buscar salidas que, sin vulnerar el derecho a la justicia, aborden de manera eficiente la alta conflictividad social y comunitaria que es asumida a través del uso de la violencia y contribuyan, además, a la recomposición de las relaciones sociales. La justicia es igualmente un campo de la acción pública por lo que implica en la propuesta de transformación y sobre todo en la lucha contra la impunidad, no sólo en el campo de las violaciones de los derechos humanos sino en el campo general de la justicia. Buscamos una justicia con apellidos, que contribuya a la resolución pacífica de los conflictos y a una cultura de los derechos humanos con una visión integral e integradora que aborde los diversos conflictos y genere espacios para la estructuración social, que realice un tratamiento integral de los conflictos.

Los mecanismos comunitarios e institucionales de solución de conflictos, como la Conciliación en Equidad, los Jueces de Paz o los programas de mediación escolar, en el primer caso, o la Conciliación Institucional, el arbitraje, la mediación y la amigable composición en el segundo, que están insertos dentro de este modelo de cooperación, y el reconocimiento de la jurisdicción especial indígena y de comunidades negras, representan un importante avance en la concepción democrática del Estado, en tanto brindan la posibilidad de tramitar los conflictos a partir de los valores, los usos y las costumbres de las comunidades y no desde mera formalidad del Derecho.

Sin embargo, esto no significa un avance en una nueva concepción de justicia.

En tal sentido, se deben potenciar las figuras que han sido reconocidas jurídicamente en Colombia como los Conciliadores/as en Equidad y los Jueces de Paz, quienes a través de procedimientos informales y más ágiles y del uso del criterio de equidad para el abordaje de conflictos, no sólo facilitan los acuerdos, sino que reconocen y actualizan los valores imperantes en su medio, lo que dota de fuerza moral sus decisiones o acuerdos, contribuyendo con esto a la cohesión social.

Igualmente, es necesario indagar por los mecanismos, las figuras y los procedimientos que son utilizados por las comunidades para transformar pacíficamente sus conflictos. Poco o nada sabemos sobre los mecanismos que ancestralmente en Colombia vienen siendo utilizados por las culturas indígenas, campesinas y urbanas en este aspecto y, por lo tanto, poco o nada de su conocimiento y sabiduría ha sido incorporado a la solución de las problemáticas que aquejan a los demás sectores sociales de la vida Colombiana.

Desentrañar el sentido, el significado y los alcances del criterio de la equidad utilizado por los/as Conciliadores/as para mediar en los conflictos nos permitirá, sin lugar a dudas, analizar concretamente los alcances de estos mecanismos y aportar al debate sociopolítico que actualmente se da sobre la pertinencia de estos mecanismos.

De hecho, coexisten en la práctica mecanismos del orden nacional o de la justicia ordinaria, mecanismos recientes producto de la informalización de la justicia (Conciliación en Equidad y Jueces de Paz, para citar unos ejemplos) y mecanismos, figuras y procedimientos comunitarios basados en los usos y costumbres sociales.

En suma, investigar y actuar en el campo de la transformación de los conflictos de la vida cotidiana, así como de los procesos sociales en general, es el llamado de la difícil situación de violencias y autoritarismo que vive nuestro país.

Resistencia

En el actual contexto mundial se han generado nuevas formas de organización para la reivindicación de derechos vulnerados por normas o políticas de estado que trasciende las formas partidarias y las relaciones entre organizaciones sociales de diferentes sectores. Los procesos de globalización del capital han planteado nuevos retos a los movimientos sociales en una doble perspectiva: organizacional y en la agenda de reivindicaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Los movimientos de resistencia, sobre todo a partir del final de la segunda guerra mundial, se han configurado desde las poblaciones excluidas como movimientos que afirman formas de organización propias de carácter transectorial. En el contexto de la llamada "guerra fría", que ha implicado la imposición de modelos de desarrollo y procesos represivos a través de los planes de gobierno, los movimientos sociales han sido criminalizados y situados como procesos sociales ha eliminar, lo cual se hace presente en el actual desmonte de reivindicaciones y debilitamiento de las organizaciones sociales. Los planes de gobierno agencian los intereses del capital y, hoy, de manera fundamental, del capital financiero, profundizando la exclusión.

Los movimientos de resistencia presentan de manera clara propuestas políticas que apuntan no sólo a la reivindicación de derechos, sino que obedece a una visión de la sociedad alternativa a la propuesta hegemónica implementada desde el estado. En esta perspectiva son movimientos en los cuales se hace práctica la afirmación de las identidades de los sectores sociales participantes.

Para el caso colombiano existe la tendencia a reducir el concepto de resistencia a movimientos sociales que se oponen a las acciones de grupos armados. Esto tiene la pretensión de cooptar la fuerza de los movimientos sociales en favor de las políticas de estado y de convertirlos en una pieza más dentro de las prácticas contrainsurgentes. De la misma manera se pretende desdibujar su oposición a normas o políticas de estado que vulneran derechos económicos, sociales y culturales.

Se plantea en las prácticas de los movimientos de resistencia que la producción juegue un papel pedagógico y organizativo muy importante, en la vía de la autogestión y la autonomía de los sectores sociales organizados permanente o transitoriamente en los movimientos de resistencia, como también para generar procesos de adscripción territorial que superen las prácticas de exclusión propias de la estructura social hegemónica.

Jóvenes y conflicto.

Los jóvenes se ven enfrentados a los conflictos derivados de aspectos como la exclusión social, la fragmentación y la estigmatización, todo estos enmarcados en la existencia de unas estructuras de desigualdad, en donde se les niega la posibilidad de ser sujetos sociales, políticos, la negación de un lugar en la sociedad, por encontrarse en un momento en donde tienen que llegar a la adultez para poder actuar como sujetos de decisión, aún para situaciones que los implican directamente.

De otra parte, el señalamiento que se hace sobre sus espacios de socialización e intentos de organizarse, incrementa mucho más la fragmentación en las relaciones con sus pares y otros sectores de la población. En este sentido, se hace necesario, generar espacios donde los y las jóvenes se puedan reconocer como sujetos de participación social, política; para ello, es importante partir de la potencialidad juvenil para construir sociabilidad en espacios cotidianos, así como la capacidad de manifestar la inconformidad con los problemas de la sociedad.

La implementación de espacios de interacción política y social para los y las jóvenes, en donde se debatan los temas que afectan a la juventud en los marcos micro- locales y macro locales y globales, permite un paso en el reconocimiento de los y las jóvenes como actores sociales y políticos, conocedores y transformadores de la realidad social.

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